La nueva norma actualiza el régimen institucional de los gobiernos locales e introduce herramientas de control, gestión financiera y transparencia. Pero también deja abiertas discusiones sobre la integridad pública y el diseño institucional del gobierno municipal, además de plantear un desafío importante para los municipios, especialmente para aquellos de menor escala que deberán desarrollar nuevas capacidades institucionales para cumplir con estos estándares.